Jóvenes mujeres son esclavizadas y obligadas a ejercer la prostitución. Las alquilan o venden como si fueran objetos. El comercio sexual está atado a otros delitos propios de redes mafiosas, como la droga, la violencia o la falsificación de documentos. El gobierno mira para otro lado y los que saben del tema en serio advierten: "nadie se mete con los dueños de los prostíbulos".
La provincia de La Pampa está en el centro de una red de trata de blancas que incluye la explotación sexual y la privación ilegítima de la libertad de mujeres obligadas a prostituirse, pero el gobierno provincial prefiere mirar para otro lado y esconder la cabeza.Frente a la inacción oficial, que termina siendo cómplice de la actuación de mafias que operan en todo el país, nuestra provincia sirve a veces como lugar de destino y en otras ocasiones también como tierra de reclutamiento de chicas jóvenes.Así lo dejan demostrado hechos concretos (ver aparte el caso de una entrega frustrada en Macachín) y el completo informe elaborado por la Organización Internacional de Migraciones (OIM).
DROGAS Y MAFIA. El comercio sexual, en La Pampa como en el resto del país, está vinculado al tráfico de drogas, a los asesinatos violentos, a la desaparición de personas y a otros delitos característicos de las redes mafiosas.Además de los reclutadores, proxenetas y regentes de prostíbulos, los tratantes necesitan de la labor de "operadores secundarios": empleados de empresas de transporte que garantizan pasajes para el traslado de mujeres o documentación de viaje a disposición, personal de compañías de telefonía celular que proveen líneas "seguras" e individuos encargados de confeccionar documentación falsa para menores y extranjeros.Los tentáculos de ese tipo de organizaciones sacan provecho de policías corruptos, de funcionarios judiciales conniventes, desinteresados o perezosos y de representantes del poder político que -por miedo, por interés o por ignorancia- hacen de cuenta que aquí no pasa nada.
MODUS OPERANDI. Según la OIM, los proxenetas tienen un sistema de alquiler con distintos cabarets y whiskerías. El informe -de unas 200 páginas, elaborado entre marzo y diciembre del año pasado- señala a nuestra provincia como uno de los destinos habituales, junto con Córdoba, Entre Ríos, Chubut y Santa Cruz.Proliferan estos comercios porque varias rutas nacionales que unen el sur y el norte del país y Brasil con el sur y Chile, cosechan gran cantidad de clientes entre los transportistas de paso.Por cada chica se pagan entre 1.000 y 5.000 pesos, dependiendo de la edad, la zona y las "características de la mercadería". Para captarlas, las chicas son engañadas en algunos casos y en otros directamente secuestradas.Siempre según la OIM, los proxenetas más importantes provienen de Santa Fe, Mendoza y Entre Ríos. Regentean hasta 30 mujeres que alquilan a distintas whiskerías del país y las van rotando.
LA DEL AVESTRUZ. En La Pampa, el gobierno prefiere mirar para otro lado: el ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad Rodolfo Gazia dice que se hacen los controles necesarios, que la Policía y las municipalidades vigilan todo lo que tienen que vigilar y asegura, muy suelto de cuerpo, que todas las mujeres que trabajan en las "whiskerías" -un eufemismo con el que esos comercios evitan llamarse prostíbulos- lo hacen por su propia voluntad.No es ningún secreto que el trabajo esclavo a que son sometidas mujeres obligadas a prostituirse a lo largo y a lo ancho de todo el país, incluye maltratos por parte de una mafia que es capaz de cualquier cosa. Eso, obviamente, genera miedo entre las chicas, no sólo por su integridad física, sino por la vida de sus familiares.No sólo las autoridades políticas prefieren seguir mirando para otro lado. Cuando a fines del año pasado dos chicas de Santa Rosa desaparecieron misteriosamente después de ser contactadas por sujetos sospechosos, hubo serios indicios de que podía tratarse de un episodio de reclutamiento de chicas para ser sometidas a la trata y la explotación sexual.Las adolescentes aparecieron y contaron lo padecido. Pero pronto se ahogó la pista de la red, ya que la Justicia archivó las actuaciones. La jueza de Familia y Menor que intervino entonces fue Cristina Baladrón.
LAS VÍCTIMAS. Según la OMI, hay un predominio de la trata interna, aunque fueron identificados casos de trata internacional. Los principales puntos de origen son Misiones y Santa Fe.Las víctimas son mujeres mayores y menores de edad de origen humilde que viven en zonas muy pobres, con precario nivel educativo, lo que reduce sus posibilidades laborales. En general, tienen un entorno familiar inestable y no contenedor.Además, en las investigaciones judiciales aparecen implicados "en forma recurrente funcionarios públicos y políticos". Se observan "con preocupación" prácticas que van desde "la tolerancia omisiva hasta la activa protección de los tratantes por parte de miembros de fuerzas de seguridad". Además, los fiscales y jueces "carecen de conocimientos básicos para el abordaje de estas formas de delincuencia".
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