La verdadera historia del acueducto

El ex gobernador Rubén Hugo Marín, el ex secretario de Obras Públicas Raúl Rodríguez, el ingeniero Carlos Oppezzo, el fiscal de Investigaciones Administrativas Enrique Romero Oneto, el empresario Victorio Gualtieri, el ex funcionario de Obras Públicas Raúl Crespillo, el ingeniero Alfredo Reale, el abogado Alfredo Reale (hijo), el ministro de Hacienda Ernesto Franco, el contador Rafael Gutiérrez, los hijos de Oppezzo, la hija de Oppezzo y su novio, el topógrafo Ricardo Rojas, Jorge Suhurt, Daniel Ucciardello, Alberto Suárez, Ricardo Debans, Matías Crespillo (hijo del ingeniero funcionario), Roberto Juan y Gerardo Pepe (ex funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación que comandaba María Julia Alsogaray).
Todos esos nombres tiene a mano la Justicia si es que de veras se propone investigar a fondo “la verdadera historia del acueducto”, que es el título del anónimo que llegó a la Fiscalía de turno explicando el supuesto papel que le cupo a cada uno de los mencionados en el párrafo anterior.
Lo que es seguro, es que todas esas personas pueden hacer interesantes aportes, al menos como testigos, respecto del proceso de la “gran obra del siglo” que terminó convirtiéndose en la mentira marinista del milenio.
Si la Justicia tiene la voluntad de hurgar hasta el fondo, puede intentar verificar los datos del anónimo, incluso los que dan cuenta de las propiedades que tienen algunos de los que intervinieron en el negocio del siglo. Según la nota, se pueden rastrear inversiones en la bolsa, cuentas bancarias, autos, casas, propiedades inmuebles en nuestra ciudad y en otros puntos del país, campos en la provincia de Santiago del Estero, emprendimientos en Europa e inversiones a través de testaferros. Obviamente, habría que apuntar no sólo a los involucrados directos sino también –y especialmente– a quienes componen su entorno.

¿SERÁ JUSTICIA?. La información anónima, a la que tuvo acceso El Fisgón, traza un panorama del modo en que se desviaron fondos y se puntualizan diversos “modus operandis”. Algunas de las explicaciones ya son archiconocidas, pero sin embargo sistemáticamente el oficialismo y la Justicia han impedido que se avance en el esclarecimiento de los hechos de corrupción que rodearon a la megaobra.
Cuando la oposición política acudió a la Justicia –sin demasiadas pruebas, pero explicando la violación de los pliegos licitatorios y advirtiendo severas irregularidades en torno a las pruebas hidráulicas– la jueza Verónica Fantini mandó prontamente al archivo la presentación.
El Caso Romero Oneto fue otro hito: el fiscal de Investigaciones Administrativas, que en aquellos años tenía la misión de controlar a la inspección, fue acusado por haber cobrado dos cheques del propio Oppezzo. Romero Oneto lo admitió, diciendo que era el pago por un supuesto “asesoramiento profesional”. Para los denunciantes fue una coima. Pero el PJ protegió rápidamente a Romero Oneto.
El mes pasado, a raíz de una publicación del diario La Arena, se conoció que Romero Oneto había cobrado otros cheques, como si se tratara de un pago mensual que recibía (así está aludido también en el anónimo acercado a la Justicia). Otro detalle: ni bien asumió como fiscal, Romero Oneto dijo que él no estaba en condiciones de investigar el caso del acueducto, y que si llegaba a haber alguna presentación tendría que excusarse.

MODUS OPERANDI. La presentación detalla cómo se tramó la presentación en la licitación que ganó Gualtieri, y que luego fue modificada a raíz de que el empresario solicitó una ampliación de obra. Eso, obviamente, hizo que se pusiera en juego muchísimo más dinero.
En su momento el ministro Franco reconoció que se gastaron 380 millones de dólares, apunta la nota. El diputado Adrián Peppino, alguna vez, intentó sacar cuentas y estableció que en realidad el costo rondaba los 1.000 millones.
El aporte a la Justicia dice que se inflaban gastos sistemáticamente. También refiere a la diferencia de precio entre excavar tosca o piedra (50 dólares el metro), y excavar arena (10 dólares el metro), con lo cual resultaba más beneficiosos certificar excavaciones de tosca o piedra.
Siempre de acuerdo al anónimo, cuyas afirmaciones la Justicia tendrá que confirmar o no, se certificaron trabajos, materiales e insumos repetidas veces; se cambiaron marcas de materiales por otras de menor calidad y precio.
Un capítulo aparte en la historia merecen los caños de la firma Prodinco. Incluso da a entender que el trágico incendio que costó la vida de dos bomberos pudo ser una maniobra para borrar pruebas y justificar gastos, ya que buena parte de los caños certificados como acopiados, en realidad –dice el anónimo– se iban hacia la planta de San Luis.
Finalmente, refiere a la imprevista y repentina visita de funcionarios del área de Medio Ambiente de la Nación. Eso también hubo que arreglarlo.

DESCONTROL. También describe algunas idas y venidas. Oppezzo, según la versión aportada por el anónimo, no fue fácil de convencer de algunas circunstancias. Los funcionarios que manejaron la obra tuvieron que reunirse varias veces con él y hacerle algunas propuestas que lo dejaran satisfecho.
El anónimo da cuenta de misteriosos encuentros que se hacían en la Capital Federal. También se precisan “datos que pueden ser perfectamente verificados por jueces o fiscales, y que tiene que ver con el armado de la estructura técnica, administrativa y logística que fueron las herramientas para evitar los controles”. Señala que todo se llevó adelante desde la Secretaría de Obras Públicas, la COTARC y al Inspección de Obra, sin permitir la vigilancia de un organismo gubernamental como Certificaciones de la Provincia.
La nota hace referencia también a “gente que cuando vio que era parte de un gran robo, se fue”. Pone como ejemplo un ingeniero que habría sido traído por Raúl Rodríguez, que presentó su renuncia en medio del proceso.
Los Reale aparecen mencionados simplemente como integrantes de la empresa “Ingeniería Hidráulica”, junto con Oppezzo. El contador Rafael Gutiérrez es citado como perteneciente al estudio contable “Warnes”.

Mafias y coincidencias

La nota anónima sobre el acueducto, acercada a Tribunales, incluye abundante documentación del archivo de la Secretaría de Obras Públicas, de la COTARC y de la Inspección de la Obra.
El autor confiesa su intención de ser un paso similar al que dio aquel anónimo que describió el pago de coimas en el Senado para lograr la Ley de Flexibilización Laboral: “Conozco datos sobre la verdadera historia del más grande negocio, desde donde succionó la mafia de esta provincia, en conjunto con la mafia nacional”.
“Me gustaría creer y tener confianza en los jueces y fiscales”, acota y señala los temores de hacer pública su identidad ante la posibilidad de que “la Banda” tome represalias.
El anónimo compara la obra del acueducto con otros fastuosos emprendimientos en provincias que mantuvieron buenas relaciones con el menemismo. La curiosidad –plantea– es que las licitaciones también fueron ganadas por Gualtieri, utilizando la misma metodología que en La Pampa: ofertar por debajo del presupuesto oficial para después pedir una ampliación de obra.
Los ejemplos citados son el Embalse de Nogolí, en la San Luis de Adolfo Rodríguez Saá, el Embalse Itiyuro II en la Salta de José Luis Romero y los acueductos y obras de red de agua potable en los acueductos de la costa bonaerense de Eduardo Duhalde.